Diez años después, sin justicia y sin verdad

El 17 de octubre se cumplieron 10 años del derrocamiento del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, forzado a renunciar por lo que en su momento se presentó como una revuelta popular «contra la intención» del Gobierno de exportar gas a México y EEUU por puertos chilenos.

Estos luctuosos sucesos se llamaron las jornadas de octubre, la guerra del gas, octubre negro. Costaron la vida a más de 60 bolivianos y centenares de heridos terminaron llevando a la presidencia al dirigente cocalero Evo Morales.

Los ganadores comenzaron la persecución de los caídos con el discurso de hacer justicia. Hoy, por confesión de los propios promotores de la violencia, se evidencia que fue conspiración y sedición impulsadas desde el naciente proyecto del Socialismo del siglo XXI.

Carlos D. Mesa con su traición posibilitó el éxito de la conspiración. Cumpliendo públicamente con sus cómplices dictó decretos de amnistía perdonando a todos los promotores de los hechos violentos y aclarando que la amnistía no alcanzaba a los miembros del Gobierno ni de las fuerzas armadas.

Bajo amnistía, Evo Morales inició juicio de responsabilidades contra el depuesto presidente Sánchez de Lozada, su gabinete de ministros y el alto mando militar. La comisión de fiscales encargada de la investigación desestimó el proceso por falta de materia justiciable y porque no lo podía hacerla sin investigar a los promotores que habían recibido amnistía. Mesa destituyó a los fiscales. El Congreso Nacional rechazó la autorización de acusación para juicio de responsabilidades y la denuncia no logró los votos necesarios.

Mesa y Morales presionaron a los congresistas hasta que repitiendo votación decretaron acusación, legalmente nula porque la primera votación decide el asunto y no admite otra votación.

Iniciado el juicio, miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron sistemáticamente obligados a renunciar, destituidos, enjuiciados y finalmente cesados de sus funciones hasta que Evo Morales puso sus jueces con los que continúa persiguiendo a Sánchez de Lozada y sus ministros, haciendo pedidos de extradición. Ha sentenciado a los cinco generales miembros del Alto Mando Militar de 2003, con quienes ha engrosado la lista de presos políticos que hay en Bolivia.

Este juicio fue sólo el primero de centenas de causas que Evo Morales y su Gobierno llevan adelante convirtiendo a Bolivia en el tercer país de las Américas, luego de Cuba y Venezuela, con la mayor cantidad de perseguidos, presos y exiliados políticos. Luego vendrían las causas también iniciadas o instruidas por Morales contra los gobernadores de Chuquisaca, Cochabamba, Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz; contra dirigentes cívicos y empresarios; contra empresarios privados nacionales y extranjeros; contra dirigentes campesinos, indígenas, militares, jueces, autoridades constitucionalmente elegidas para destituirlas o justificar su ilegal destitución como el Contralor General, el Presidente del Banco Central, el Presidente del Servicio de Caminos e incluso senadores y diputados en funciones.

En todos los procesos se violan la presunción de inocencia, el debido proceso, el principio de juez imparcial, la irretroactividad de la ley, la igualdad de las partes y otros derechos humanos. La justicia boliviana es sólo parte del aparato represivo del Gobierno y 10 años después Bolivia vive una de las dictaduras del siglo XXI, sin justicia y sin verdad.

El autor es director del Interamerican Institute for Democracy.