Arrestan por extorsión en Miami a jefe anticorrupción de Bolivia

Esto solo pasa en Miami: el principal agente policial anticorrupción del gobierno boliviano está encerrado en una cárcel en el downtown acusado de estafar $30,000 a un empresario extranjero, a cambio de retirarle los cargos criminales que este enfrenta en su país.

El coronel Mario Fabricio Ormachea Aliaga, de la Policía Nacional Boliviana, podría permanecer retenido en el Centro Federal de Detención de Miami, después de que el FBI lo arrestó por un cargo de extorsionar en Miami al empresario boliviano Humberto Roca.

Ormachea, quien tendrá el viernes una audiencia para su fianza, voló la semana pasada desde Bolivia a Miami para encontrarse con Roca para solucionar las acusaciones contra el ex propietario de Aerolíneas Aerosur en su país nativo. Pero en vez de reunirse de inmediato con el coronel, Roca, siguiendo el consejo de su abogado, contactó al FBI —que lo enlistó para que participara encubierto en una rápida operación secreta que terminó con el arresto de Ormachea el sábado.

Después de que Roca le dio a Ormachea $5,000 como pago inicial de la supuesta extorsión, el coronel reconoció reunirse en dos ocasiones con Roca, pero negó tratar de extorsionarlo, de acuerdo con un affidávit del FBI que fue presentado junto con la demanda criminal. Ormachea también dijo a los agentes del FBI que no había viajado a Miami como funcionario gubernamental.

Pero el abogado de Roca describió un retrato siniestro de Ormachea, al decir que él y otros altos funcionarios bolivianos, incluyendo el presidente Evo Morales, han orquestado una campaña de persecución política contra su cliente, quien busca ahora asilo político en Estados Unidos.

“Esto lo vindica”, dijo el abogado Michael Díaz Jr. a The Miami Herald. “Hemos venido diciendo desde hace algún tiempo que el gobierno boliviano ha estado tratando de estafarlo después de quitarle su empresa. Cuando decidió no seguirles el juego, tuvo que buscar asilo político para él y su familia en Estados Unidos”.

La abogada de Ormachea, la defensora federal pública asistente Sowmya Bharathi, declinó comentar sobre los cargos pero dijo que buscará que salga libre bajo fianza hasta el 13 de septiembre. El fiscal John Byrne busca la detención del coronel antes del juicio.

Díaz instruyó a su cliente que contactara al FBI sobre el supuesto intento de extorsión de Ormachea de la semana pasada y Roca dijo a los agentes que los cargos presentados en su contra en Bolivia eran “políticamente motivados”.

Bajo la dirección de la fuerza especial contra crímenes violentos del FBI, Roca se reunió por primera vez con Ormachea el viernes de la semana pasada. Durante la reunión, que se grabó en secreto, Ormachea “ofreció desechar los cargos criminales pendientes contra [Roca] en Bolivia por una tarifa de $30,000”, de acuerdo con el affidávit del FBI. “Ormachea estuvo de acuerdo en recibir un pago inmediato de $10,000 y el resto más tarde”.

El sábado, Roca se reunió de nuevo con Ormachea, quien repitió los términos del trato y agregó que “iba a acusar a otra persona en su lugar”.

“Sin embargo si [Roca] no paga, Ormachea dijo que buscaría [su] arresto en Estados Unidos, extradición a Bolivia y procesamiento judicial allí”, según el affidávit, que describió la segunda reunión grabada.

Después que Ormachea hizo su amenaza, Roca le dio $5,000, que fueron suministrados por el FBI para la operación encubierta, como un pago inicial para resolver los cargos en su contra. Entonces Ormachea salió de la reunión en su auto y los agentes del FBI lo detuvieron. Ellos recuperaron los $5,000 y lo arrestaron por el cargo de extorsión.

El affidávit no explicó los cargos criminales de “enriquecimiento ilícito” presentados contra Roca en Bolivia.

Algunos detalles surgieron en una demanda presentada en el 2011 por Roca en la corte federal en Miami, cuando huyó de su país natal con miembros de su familia y se estableció en Miami Lakes.

“Su único supuesto ‘pecado’ es que habló abierta y públicamente en Bolivia, pidiéndole al gobierno que pusiera fin a su cultura de corrupción, que creara leyes claras que se apliquen por igual a todos sus ciudadanos, que no interfiriera en las empresas privadas y no compitiera de forma injusta con uno de sus principales y más respetados ciudadanos corporativos”, dice la demanda de Roca, que fue presentada contra el gobierno boliviano y otros.

“Por decir lo que pensaba, el gobierno boliviano le ha quitado de hecho su ciudadanía, le ha negado incluso sus derechos humanos básicos, ha presentado cargos criminales en su contra y ha entrado en una conspiración con otros individuos para expropiar los bienes de Roca —incluyendo el interés controlador del 51 por ciento en una aerolínea que vale decenas de millones de dólares”.