Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Por Carlos Sánchez Berzaín
La existencia de perseguidos, presos y exiliados políticos es una de las notas características de los países del socialismo del siglo XXI. Reiteramos que el exilio generado por la dictadura castrista en Cuba se cuenta por millones, el exilio de la dictadura chavista en Venezuela se cuenta por miles, el exilio de la dictadura cocalera de Evo Morales se cuenta por cientos, el de Rafael Correa en Ecuador por decenas. Parece que cuanto más tiempo retienen el poder, más exiliados producen.
De acuerdo a información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al 30 de enero de 2013 existían registrados 774 exiliados bolivianos y con la llegada del senador Roger Pinto a Brasil por persecución política, Evo tiene en su haber por lo menos 775 exiliados, sin contar los que no se han registrado y los que tienen pendientes sus solicitudes de asilo, con los que la cifra puede ser superior a 1.000. Esto ubica a Morales en el tercer lugar de los gobernantes de la región que destierran a sus nacionales, después de Cuba y Venezuela.
Lo típico del exilio del socialismo del siglo XXI es que está ejecutado por la persecución judicial. Todos los exiliados bolivianos por ejemplo, están acusados por Evo Morales en persona o por miembros de su Gobierno de haber cometido delitos de tipificación terrible e infamante, pues lo primero que buscan es liquidar el prestigio y la imagen pública del perseguido. Es usual que el Gobierno acuse a su víctima de los delitos que el propio presidente o miembros de su grupo político han cometido. Hay que insistir en que el mundo observe que los jueces en los países del socialismo del siglo XXI son los instrumentos de la represión, son una nueva forma de policía política y la más grave forma de corrupción.
El caso del senador boliviano Roger Pinto -hoy exiliado en Brasil y acusado de 20 delitos por el Gobierno de Morales- resulta ilustrativo. Este legislador opositor investigaba vinculaciones del Gobierno con el narcotráfico y casos de corrupción, lo que generó la reacción oficialista que poniendo en marcha su sistema de fiscales y jueces lo persiguió y pretendió encarcelarlo hasta forzarlo a refugiarse en la embajada de Brasil en La Paz. El Gobierno brasilero le concedió asilo político y solicitó al Gobierno de Morales el salvoconducto para que el asilado pueda dejar la legación diplomática y viajar al Brasil; el Gobierno boliviano negó tal autorización en reiteradas oportunidades y así pasó más de un año hasta que hace pocos días el senador Pinto «apareció» en Brasil, desatando una controlada protesta Morales y su gente que usando las relaciones de todo el grupo del socialismo del siglo XXI, especialmente las de Cuba y Venezuela, parecen haber logrado que la presidenta de Brasil remueva a su Ministro de Relaciones Exteriores y silenciar al senador exiliado.
Hay muchas preguntas que se hace la opinión pública: ¿por qué el Gobierno de Morales que no otorgó el salvoconducto, permitió la salida del senador para luego calificarla como fuga?, ¿cómo pueden vehículos oficiales del Gobierno de Brasil -aparentemente con efectivos armados- desplazarse por territorio boliviano por aproximadamente 21 horas sin ningún obstáculo?, ¿por qué la inteligencia cubana que controla los servicios en Bolivia permitió la operación o fracasó en este caso?, ¿será como se ha denunciado un acuerdo para saldar este asunto de manera no oficial? ¿por qué la renuncia del canciller brasilero si había tal acuerdo?, ¿será verdad que el canciller renunciante era el último leal del expresidente Lula en el actual gabinete?, ¿cómo se explica el suave reclamo del Gobierno de Morales y la dura reacción de la presidente de Brasil?, ¿por qué el senador Pinto tiene ahora que guardar silencio, dejó de asistir al Senado de Brasil y no puede hacer públicos los asuntos que investigaba?
El tema de fondo es que un senador, por ejercer sus funciones de fiscalización, es judicialmente perseguido y públicamente acusado por Evo Morales, hasta forzarlo al exilio, donde el perseguido parece condenado al silencio; y más grave aún, queda demostrado por éste y anteriores casos, que simplemente no hay oposición posible en Bolivia.
Hace un año -en septiembre de 2012- la Iglesia Católica de Bolivia por medio de la Conferencia Episcopal Boliviana pidió al Gobierno «amnistía para presos y exiliados políticos» como un gesto de «reconciliación», calificando de «aberrante usar la justicia para perseguir a los disconformes con el proyecto político» de Evo Morales. La Iglesia no había hecho un pedido igual desde el 17 de noviembre de 1977 durante la dictadura militar.