Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
EL DIA / Jueves, 8 de Septiembre, 2011
El dictamen emitido del 29 de agosto pasado, en base a las pruebas, testimonios y descargos presentados, señala además que las autoridades bolivianas hicieron en octubre de 2003 un uso legítimo de la fuerza para restablecer el orden, cumpliendo así sus obligaciones frente a «miles de personas» que tomaron las vías públicas en actos de oposición al gobierno legalmente establecido.
En octubre del 2003 murieron más de 60 personas en enfrentamientos con fuerzas del orden que trataban de mantener el régimen del presidente electo, Gonzalo Sánchez de Lozada, que comenzaba apenas los cuatro años de su mandato.
La demanda. La acción judicial fue planteada en mayo de 2008 por varios familiares de las víctimas de los hechos de octubre de 2003, con el respaldo del Centro de Estudios Constitucionales de Estados Unidos, donde residen actualmente las dos exautoridades. La ley americana permite enjuiciar a extranjeros por violaciones a los derechos humanos y a las leyes internacionales.
En el sitio web de la Corte Federal de Apelaciones, Circuito 11, están los documentos completos, incluyendo los de la parte acusadora (http://www.ca11.uscourts.gov).
Argumento favorable. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, señaló ayer que el fallo de la Corte de Estados Unidos tiene varias interpretaciones y explicaciones.
La primera explicación es que se trata de una demanda en el orden civil, diferente al juicio de responsabilidades desarrollado en la Corte Suprema de Justicia de Bolivia y que acabó con la sentencia condenatoria contra cinco jefes militares y dos exministros de Goni. Sánchez de Lozada y los que no están en el país quedaron fuera de ese proceso porque el Código de Procedimiento Penal establece que nadie puede ser procesado en ausencia.
Rojas dijo que el fallo de la Corte de Estados Unidos puede ser favorable para el expresidente en caso que quiera presentarse a un juicio ya sea en Bolivia o en cualquier tribunal internacional. El argumento de los jueces estadounidenses respecto a la actuación militar surgió del concepto de defensa del orden legítimamente constituido, que puede ser un buen atenuante a la hora de emitir cualquier fallo.
La sentencia. El fallo del tribunal norteamericano se conoce siete días después de la sentencia en la que Roberto Claros Flores, excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; y Juan Véliz, excomandante general del Ejército fueran considerados “autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta” y condenados a 15 años mientras que sus compañeros Luis Alberto Aranda Granados y Oswaldo Quiroga Mendoza deberán cumplir 11 años y Gonzalo Rocabado 10 años de cárcel.
El mismo fallo boliviano condena a los exministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, a penas de 3 años, aunque ayer salieron en libertad provisional.
Puede servir a Goni como descargo
En caso de someterse a un juicio, el fallo puede ser útil a Goni como prueba de que la violencia y los muertos derivaron de la defensa del orden constitucional, según un abogado
Es un proceso civil planteado el 2008
Los familiares de las víctimas pedían el pago de cierto monto de dinero a Goni y Carlos Sánchez que residen en Estados Unidos. pero todo fue improcedente, dice el fallo
8 Años
demandó a la Corte Suprema de Bolivia dictar un fallo penal en el caso ‘Octubre negro».
2003 Fue el Año
en el que derrocaron a Goni del poder y desde entonces se fue a vivir a Estados Unidos .
ANÁLISIS
Tres jueces conocieron la demanda
La demanda. Una ley en Estados Unidos permite enjuiciar a extranjeros por violaciones a los derechos humanos y a las leyes internacionales. Goni y Sánchez viven en Estados Unidos.
Tres jueces. La Corte de Apelaciones encomendó a tres jueces, Edmonson, Marcus y Fawsett, conocer la demanda. Ellos admitieron la apelación pero su decisión final ha sido la reversión de la misma y el rechazo de los seis cargos levantados contra las exautoridades bolivianas. Este juicio duró poco más de tres años. Los jueces, en su argumentación, encuentran que «los hechos descritos en la acusación muestran que el Gobierno ordenó acciones militares para restablecer el orden, rescatar viajeros atrapados, desbloquear caminos, incluyendo rutas principales, con el fin de garantizar el abastecimiento de gas y otros bienes necesarios a los pobladores de la capital en un período de resistencia y de protestas violentas».