Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
LA PRENSA | La Paz – Bolivia, Jueves, 20 de sep de 2007
El ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín se declaró un exiliado y perseguido político refugiado en Estados Unidos, y sentenció que será imposible esclarecer las muertes de la “masacre de octubre” de 2003. El Gobierno le dio garantías para que se someta al juicio de responsabilidades.
Cuando eran las 7.07, Sánchez Berzaín se comunicó vía teléfono con el programa La Hora del País de radio Fides para acceder a una entrevista.
El padre Eduardo Pérez le consultó “¿Es usted un prófugo de la justicia boliviana?”. El ex Ministro de Defensa dijo: “No (…) lo que está pasando en el juicio de responsabilidades es que han convertido el juicio en un hecho sucesivo de persecusión política. Yo soy un exiliado político, soy un perseguido político porque si miramos de lo que se trató los hechos del octubre, vamos a ver que fueron un conjunto de confrontaciones violentas producidas por un proceso de inducción para atacar al Gobierno democrático de ese momento, allá hubieron cuando menos hechos de sedición, conspiración, empezó todo esto con el secuestro y detención de turistas en el altiplano paceño”.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, descalificó esa autonominación de exiliado político porque Sánchez Berzaín lleva una vida de lujo en Miami. “Es un hombre que tiene cuentas pendientes con la justicia boliviana, y ante el país le emplazo, dé la cara, venga a Bolivia, afronte los juicios y demuestre que es, como él dice, inocente”.
La autoridad ofreció garantías al ex Ministro e incluso “ponerle un avión en Miami” para se someta al juicio en el país.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que “a ningún ciudadano se le puede obligar a declarar contra sí mismo, pero la sociedad sabe que los motivos por los que Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada tuvieron que salir del país no fueron por persecusión política, sino para evitar su comparecencia ante la justicia por un delito de lessa humanidad, el genocidio”.
La amnistía
Sánchez Berzaín dijo que averiguar la verdad de lo sucedido en octubre de 2003 —cuando murieron 67 personas y más de 400 resultaron heridas— “resulta imposible” pues ningún manifestante es objeto de juicio porque se dictó un decreto de amnistía, “perdonando a todas las personas que ejercieron violencia contra la democracia y que derrocaron al Gobierno de Sánchez de Lozada, eso es perdonar a los culpables porque no se da amnistía a gente inocente”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo, dijo que esa declaración sólo es para negarse a ser sometido al proceso penal.
El jefe del partido opositor Podemos, Jorge Quiroga, dijo que, en un acto de “cobardía”, ambos ex mandatarios prefirieron refugiarse en Washington antes de someterse al proceso penal abierto por la “masacre de octubre” de 2003.
Los vicios
Sánchez Berzaín dijo que al inicio del proceso echaron a los fiscales, luego avanzaron con consigna política y el enjuiciante es el presidente Evo Morales.
«Voy a ir (a Bolivia) en cuanto existan garantías», dijo Sánchez Berzaín, al insistir en «una igualdad jurídica» en el proceso.
«Mi contraparte es Evo Morales y él tiene, hoy en día, en la mano, toda la autoridad política, judicial, de los fiscales» y «ellos podrán avanzar con trámites que están absolutamente viciados de nulidad, pero no van avanzar en la búsqueda de la verdad».
En una rueda de prensa, las víctimas y familiares de los fallecidos durante octubre de 2003 negaron tener intereses políticos contra las ex autoridades, pero insistieron en que seguirán reclamando por obtener justicia.
Además los familiares, encabezados por Juan Patricio Quispe, aclararon que no pertenecen a ninguna organización política.
El Gobierno de Sánchez de Lozada empezó en 2002 y terminó en octubre de 2003, con la huida de las autoridades del país hacia Estados Unidos.
Hay distintos criterios sobre el exilio de ex gobernantes
El comité impulsor del juicio de responsabilidades, a través del abogado Rogelio Mayta, indicó que Estados Unidos tiene criterios arbitrarios para otorgar asilo político, mientras que un asesor de un ex Ministro dijo que la vulneración de derechos en el proceso penal puede dar lugar a un refugio político.
El abogado de un ex ministro procesado, que pidió reserva de su nombre, dijo que para obtener el asilo, se debe acreditar que en Bolivia se violaron sus derechos dentro del juicio de responsabilidades. Y la amnistía emitida por el ex presidente Carlos Mesa puede ser un “buen argumento” porque sólo un grupo de personas fue beneficiado y se excluyó a otro.
Mayta explicó que el decreto de amnistía no incluyó a los acusados de delitos de genocidio, sino a aquellos hechos menores que no implicaban mayores riesgos.
Con todo, Mayta dijo que EEUU no firmó el tratado internacional, del 26 de diciembre de 1933, sobre asilo político, por tanto no se adhiere a ninguna convención en esta materia y es relativamente arbitraria la entrega de esa protección estatal a cualquier individuo.
Pero el asesor tiene otros argumentos por los que no es posible declarar refugiados a Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Berindoague, quienes residen en EEUU. Ellos cometieron delitos comunes en contra de la sociedad, por tanto no son sujetos de persecusión política, y el Estado no los persigue por su ideología, práctica o posición política antisistémica.