Sánchez Berzaín desafía a Evo Morales a derogar la amnistía que decretó Mesa el 2003

RADIO FM BOLIVIA.NET | La Paz, 02 de sep.

El exministro desafió al Presidente a anular los decretos y someterse a investigación

El exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, desafió al presidente Evo Morales a derogar los decretos de amnistía que evitaron el proceso a todos los involucrados en los hechos de octubre del 2003, lo que lograría que incluso sea investigado.
Proceso. Carlos Sánchez Berzaín fue ministro de Gobierno de Goni.

“Tengo un emplazamiento para Evo Morales, para el dirigente cocalero violento que complotó y conspiró desde el 6 de agosto del 2002 (…) que derogue los decretos de amnistía, que deje sin efecto esas normas y, de esa manera, él mismo y todos sus cómplices puedan ser sometidos a una investigación imparcial internacional, a la que obviamente estamos deseosos de acudir para que esto se pueda juzgar”, declaró Sánchez Berzaín en una entrevista vía Skype con Bolivisión, desde Estados Unidos.

Una fuente del Ejecutivo dijo que se decidió no responder a declaraciones que emita Sánchez Berzaín.

El otrora hombre fuerte del gobierno de Sánchez de Lozada hizo referencia al Decreto Supremo Nº 27234, del 31 de octubre del 2003, al margen de otro, que fue emitido por el entonces presidente Carlos Mesa y estableció amnistía para los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, “en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno Nacional”.

Postura. Para Sánchez Berzaín, el Gobierno de entonces no salió a la calle a provocar a ninguna persona. “Empezaron los bloqueos, las muertes, los secuestros y los hechos de violencia de la mano de Evo Morales, quien (…) se empeñó en derrocar al Gobierno, lo logró y emprendió el camino para llegar a la presidencia, y en ese camino logró dos decretos de amnistía que a él y a todos sus cómplices los pone al margen de cualquier investigación”. En ese marco, reiteró su desafío: “Que se deje de proteger en esos decretos (…) no hay más que firmar y derogar esos decretos. Vamos a un tribunal internacional independiente”.

Además, criticó la sentencia que se dictó contra dos exministros y cinco militares, calificando el fallo como “un atentado a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas”.

“La ciudadanía tiene que saber que esta sentencia, de la que tanto se está jactando el Gobierno, no es otra cosa que un mecanismo de represión política destinado a encubrir los verdaderos delitos y los verdaderos delincuentes”, señaló. Además acusó al Gobierno de manejar el Poder Judicial.

Orden. Indicó que la posición de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue simplemente de control y defensiva, y admitió que las órdenes fueron emitidas por el exmandatario. “Quién dio la orden, está respondido en la Constitución Política del Estado: el Capitán General de las Fuerzas Armadas da las órdenes, son órdenes escritas. Todas las órdenes para que los militares actúen en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada están escritas y las tienen”, señaló.

Así, aseguró que no hay nada que esté al margen de lo que pueda ser indagado y que, personalmente, está dispuesto a ser investigado y enjuiciado, pero en un tribunal que garantice “independencia, presunción de inocencia, debido proceso y posibilidad de proponer prueba”.

Sánchez Berzaín salió de Bolivia para eludir el juicio de responsabilidades que se ventiló en la Suprema y que ya hizo conocer sentencia contra los exministros Erick Reyes Villa, además de cinco exjefes militares. Para hoy está prevista la lectura del fallo.

En vías del proceso de extradición

Las víctimas anuncian que podrían querellarse contra el Estado por no extraditar a Sánchez de Lozada. “Lo que nos corresponde ahora es lograr la repatriación de los prófugos. Puede haber un caso Octubre 2 y Octubre 3, según las personas puedan ser repatriadas”, dijo Rogelio Mayta, abogado de
las víctimas.

Llorenti acusó a Morales

En septiembre del 2004 se reveló la Resolución 0091/04 de la Fiscalía de Distrito de La Paz, un documento referido al caso Octubre, en el que aparece el nombre del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, entre quienes presentaron una denuncia por asesinato, genocidio y otros contra Evo Morales y otros.

La resolución pone en manifiesto que los denunciantes intentaron impedir que el Decreto Supremo Nº 27234 (de amnistía) evite acciones judiciales contra Evo Morales, Felipe Quispe Huanca, Alejo Véliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Óscar Olivera, David Vargas y otros actores de las jornadas de octubre del 2003.

El documento está firmado por la fiscal interina de entonces, Audalia Zurita Zelada, época en la que Llorenti era parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). El Ministerio Público, a través de la resolución señalada, evidencia la “imposibilidad de individualizar a los imputados”.

También recuerda que “considerando sus características y antecedentes en cuanto al móvil que impulsó estas acciones, resulta que los mismos no respondían al deseo de cometer un delito de orden penal, más al contrario, expresaban una protesta social contra el gobierno constituido”. Además, señala que “el motivo político fundante de la amnistía es la no criminalización de la protesta social en el específico momento de los sucesos de ‘Octubre Negro’”.

Posiciones

Carlos Sánchez B.: ‘Estoy dispuesto a ser enjuiciado’
“Quienes hemos gobernado el país nunca hemos rehuido responsabilidad política; yo estoy dispuesto a ser investigado, dispuesto a ser enjuiciado, pero (que) el tribunal por lo menos le garantice (a los acusados) independencia, presunción de inocencia, debido proceso legal y posibilidad de proponer prueba, no en los tribunales que Evo Morales ha montado para continuar con esta farsa”.

Rogelio Mayta: ‘El siguiente paso es la repatriación’
“Se debe construir una estrategia (…) nuestro próximo objetivo es que Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada sean repatriados y sometidos a la justicia. Ya el Gobierno tiene una obligación definida por la Corte Suprema de Justicia para que pueda consolidar la solicitud de extradición, esto se ha dispuesto hace años y corresponde a nuestras autoridades concretarlo”.

Gral. (r) Alvin Anaya: ‘No hay un Alto Mando digno’
“No tenemos un Alto Mando Militar digno, porque si fuera digno ya hubiera representado sobre sus camaradas y decir ‘no corresponde esta sentencia’. (Los del Alto Mando Militar) están muy subordinados al factor político. Ahora, ¿cómo se tendrá que ver la subordinación y constancia? (…) puede ser que se diga ‘yo no voy a cumplir la misión porque puede haber un muerto y voy preso’”.

Gral. (r) Manuel Gemio: ‘Tras la orden, no se delibera’
“Después de que se emita la orden —de acuerdo con la profesionalidad castrense— ya no se puede deliberar, ya no se puede representar el no cumplimiento de una orden. Entonces, yo creo que el desempeño del mando de entonces ha sido muy adecuado, muy correcto y dentro de las normas constitucionales. El empleo del instrumento militar es responsabilidad del que da la orden”.
La Razón