LA OPINION / La Paz / Nan | 01/09/2011
El ex ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, desafió este jueves al presidente Evo Morales a derogar el Decreto Supremo de Amnistía del ex presidente Carlos Mesa, para someterse juntos a un juicio ante un tribunal imparcial, al tiempo de calificar de política la sentencia contra dos ex ministros y cinco ex jefes militares por el caso “octubre negro”.
Sánchez Berzaín es el primero de los ministros sometidos a juicio de responsabilidades en reaccionar tras la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia y aseguró que el fallo fue una orden de Evo Morales, dictado por un tribunal puesto a dedo, por tanto, la sentencia no tiene visos de legalidad, más aún si salió de un Gobierno que no ya no es democrático, indicó. En un contacto telefónico con la red Bolivisión, el ex ministro de Defensa emplazó a Morales a derogar el Decreto de Amnistía para no protegerse y abrirse a una investigación de los hechos históricos y el establecimiento de las verdaderas responsabilidades de octubre de 2003. “Sólo es una firma y derogados los derechos, vamos a un Tribunal Internacional independiente, que no dependa de Cuba, de Venezuela ni de la influencia del socialismo del Siglo XXI ni de los empleados de Evo Morales y verá cómo se sabe toda la verdad y la gente que se frota las manos con los muertos que ellos han producido, tienen que ir a la cárcel”, declaró. FFAA En torno a la sanción a los ex jefes militares, manifestó que las FFAA cumplieron con la misión de resguardar la seguridad interna por una orden constitucional, pero en su criterio los bolivianos deberían preguntarse ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la plata? y ¿Quiénes dispararon contra los ciudadanos bolivianos para generar la movilización de las FFAA? Y la respuesta es Evo Morales con técnica cubana, las FARC y dinero venezolano, complementó. Dijo que la acción de las FFAA fue reactiva y cumplimiento del mandato de la Constitución Política del Estado que manda al presidente, al Gabinete y a las FFAA defender el orden interno. “Ahora si se cometieron excesos, que se investiguen y estamos dispuestos a eso, pero la gente que cometió esos delitos tiene que asumir su responsabilidad criminal a la cabeza de Evo Morales”. Sostuvo que el decreto para movilizar las FFAA fue emitido por un Gobierno legalmente establecido y los comandantes son comandantes de la democracia y ahora “son sentenciados nada más por cumplir su debe frente a criminales que el único mérito que han tenido es de hacerse un Gobierno y del Poder Judicial”. El ex ministro de Defensa insistió en considerarse un perseguido político de un Gobierno del “miedo”, que no quiere justicia sino simplemente represión política, y la prueba es – señaló – que países como Perú, Brasil, España y Paraguay reconocieron por la vía del asilo y el refugio político, que en Bolivia se ha terminado la democracia, que se utiliza la justicia para emitir sentencias y terminar con los opositores. En su criterio “Bolivia ingresó a una vorágine de pérdida de derechos, es un país intervenido por un proyecto transnacional que maneja Evo Morales para la gente de Cuba y Venezuela. Bolivia es un país acosado por el narcotráfico, no tiene democracia y donde habrá elecciones judiciales para legalizar el abuso y atropello”. Aseguró que como ex autoridad no escapa a su responsabilidad y dijo estar dispuesto a ser investigado y enjuiciado pero en un tribunal que garantice independencia presunción de inocencia, debido proceso y posibilidad de proponer prueba, y no “en los tribunales que Evo Morales ha montado”. |
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