Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
El «Zorro» se declara exiliado político y sólo recibe críticas La Fiscalía rechazó la afirmación de Sánchez Berzaín y la Suprema prefiere no opinar para evitar que la defensa recurra a más incidentes Sucre y La Paz/CORREO DEL SUR y Agencias |
Las declaraciones del ex ministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada Carlos Sánchez Berzaín, quien ayer se declaró un perseguido político de la justicia boliviana, fueron rechazadas por el Ministerio Público y varios sectores del país, mientras la Corte Suprema no quiso emitir ninguna opinión para evitar actuaciones incidentales de la defensa de los imputados por Octubre Negro.
«No soy prófugo de la justicia boliviana y eso es que debería aclararse, lo que está pasando en este juicio de responsabilidades es que han convertido este juicio en una persecución política. Yo soy un exiliado político, un perseguido político», afirmó Sánchez Berzaín en una entrevista con radio Fides, la mañana de ayer.
«Voy a ir a (Bolivia) en cuanto existan garantías», dijo Sánchez Berzaín, al insistir en que debe cesar la «persecución» que, a su juicio, existe en su contra, y haber «una igualdad jurídica» en el proceso.
«Mi contraparte es Evo Morales y él tiene, hoy en día, en la mano toda la autoridad política, judicial, de los fiscales» y «ellos podrán avanzar con trámites que están absolutamente viciados de nulidad, pero no van avanzar en la búsqueda de la verdad», sostuvo.
La primera reacción del Fiscal de Recursos asignado a este caso, Milton Mendoza es que Sánchez Berzaín no puede declararse un perseguido político porque por la Sala Penal de la Corte Suprema, que hace de controlador de garantías, pasaron varios magistrados, inclusive designados por el mismo MNR cuando estaba en el poder, pero todos le dieron la razón a la Fiscalía.
«Por lo tanto, no se puede hablar de un juicio político llevado adelante por ministros nombrados por el Presidente de la República, cuando sabemos que a los ministros de la Corte Suprema los designa el Congreso Nacional», dijo.
Mendoza afirmó que en las audiencias públicas de la Corte Suprema se da espacio al debate y a la confrontación jurídica.
La versión de Sánchez Berzaín de que en octubre de 2003 hubo acciones de sedición y subversión de grupos organizados fue rechazada por Mendoza. «Si bien había manifestantes bloqueadores armados con palos y piedras pero por el otro lado había profesionales en la guerra, en la represión, que actuaron por órdenes de quienes en ese momento detentaban el poder», afirmó.
En la Sala Penal de la Corte Suprema no quisieron emitir ninguna opinión para evitar malas interpretaciones de la defensa de los imputados en el caso Octubre que utilizan cualquier argumento para plantear incidentes.
REACCIONES
El gobierno de Evo Morales ofreció las garantías de seguridad para que Sánchez Berzaín retorne a Bolivia y asuma su defensa por las acusaciones que pesan en su contra por la masacre de octubre de 2003, y ofreció una aeronave para que se traslade de Miami (EE.UU) a Bolivia. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada dijo que Sánchez Berzaín no es un exiliado político como lo aseguró en una entrevista con radio Fides, sino «un hombre que tiene una deuda pendiente con la justicia boliviana».
«Le decimos al señor Carlos Sánchez Berzaín, en nombre del Gobierno, que vuelva a Bolivia, que no espere a ser extraditado», puntualizó la autoridad de Gobierno.
El portavoz de la Presidencia, Alex Contreras, calificó de «cobardes» las declaraciones Sánchez Berzaín, por no hacerlas en el territorio nacional, ante la justicia y el pueblo boliviano.
Por su parte, el jefe del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Jorge Quiroga, demandó a Estados Unidos facilitar la extradición de este personaje y de Gonzalo Sánchez de Lozada que tramita Bolivia.
«Si tiene algo que decir (Sánchez Berzaín) debería de estar acá dando la cara con valentía, con dignidad y no lo que se ve, refugiándose muy lejos y no responder desde la playa o no sé, desde dónde hace llamadas telefónicas (a la radio Fides)», expresó.
Para los activistas de los derechos humanos, las declaraciones del ex ministro de Defensa, son una burla, una ofensa hacia la justicia y las víctimas de la masacre de octubre de 2003.
Según Mauricio Balcazar, principal asesor político en los dos mandatos de Sánchez de Lozada, el ex presidente de Bolivia estaba tentado con volver a La Paz a defenderse de la acusación de genocidio, pero teme por su vida.