Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
EL MUNDO | Jueves, Septiembre 20, 2007.
La Paz /ABI
El ex ministro del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, afirmó este miércoles que no es prófugo de la justicia boliviana y se declaró un perseguido político.
«No soy prófugo de la justicia boliviana y eso es que debería aclararse lo que está pasando en este juicio de responsabilidades, es que han convertido este juicio en una persecución política. Yo soy un exiliado político, un perseguido político», afirmó Sánchez Berzaín en una entrevista con radio Fides.
De esta manera se refirió al juicio de responsabilidades que le siguen en Bolivia por genocidio de la masacre de septiembre y octubre de 2003 que dejó el saldo de 67 muertos y más de 400 heridos.
El ex ministro de Defensa, principal estratega de la funesta gestión de Goni, pidió mirar con análisis los hechos de octubre del 2003 para determinar que fueron un conjunto de confrontaciones violentas que se produjeron por un proceso de inducción para atacar al Gobierno de entonces.
El Gobierno de Goni, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) fue respaldado por el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Jaime Paz Zamora y de la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa, quienes, sólo dos horas antes de la renuncia de Sánchez de Lozada, el 17 de octubre, decidieron abandonarlo.
MOVIMIENTOS SEDICIOSOS
La versión de Sánchez Berzaín señala que en octubre de 2003 hubo acciones de sedición con el secuestro de turistas en una población del altiplano paceño, que cuando fueron rescatados se sucedió un ataque armado a la columna policial militar en Achacachi. «Luego sobrevinieron hechos violentos, el bloqueo de La Paz entre otros».
«Lo que se debe buscar es el esclarecimiento histórico de todos los hechos, para buscar eso se debe buscar la verdad, eso hoy día resulta imposible porque tiene que saber la opinión pública que ninguna de las personas que participó de los denominados grupos sociales que bloquearon, secuestraron es objeto de investigación o de juicio porque se dictó un Decreto Supremo de Amnistía», afirmó.
Cuestiona el Decreto Supremo de Amnistía, que excluye del proceso penal de la masacre de octubre de 2003 a dirigentes sindicales, emitido por su socio de Gobierno, el entonces vicepresidente Carlos Mesa.