LA JUSTICIA EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

Diario de Las Americas| 18 de Octubre del 2010

Carlos Sánchez Berzain*

Uno de los elementos que nos permite establecer cuando un Estado se ha convertido en autoritario y ha dejado de ser democrático, es el análisis de la situación del Poder Judicial y de la administración de justicia.

En primer término, debemos verificar si se cumple –respecto a la justicia- con el quinto elemento esencial de la democracia que exige el Art. 3 de la Carta Democrática Interamericana, que es “la separación e independencia de los poderes públicos”.

Este principio supone- en lo que al Poder Judicial se refiere- que los jueces deben estar libres de la influencia de los otros poderes y deben tener la capacidad de decidir por si mismos, de acuerdo con la ley vigente. Como requerimiento explícito, la Carta enumera la independencia del Poder Judicial, para que pueda administrar justicia respetando los fundamentos del debido proceso legal y no en base a la presión o imposición políticas, considerando los hechos de cada proceso y aplicando la legislación pertinente.

Una de las características de lo que hemos denominado “franquicia del socialismo del siglo XXI”, en vigencia en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, ha sido el premeditado ataque a las cortes supremas, tribunales constitucionales, consejos de la judicatura y demás componentes del Poder Judicial, para finalmente lograr una composición de esas instituciones, que se encuentran absolutamente subordinadas y comprometidas con el gobierno, precedida por el arrasamiento del cuerpo de fiscales, que han pasado a ser simplemente una dependencia del poder político como un instrumento para disponer de la posibilidad de acusación penal a nombre del orden público, a los opositores políticos, empresarios y ciudadanos no adictos al oficialismo.

Vemos así que magistrados y jueces que no se han subordinado y que dictaron alguna decisión contraria a las instrucciones del gobierno, han sido acusados, calumniados, y finalmente cesados y reemplazados, mediante diversas maniobras, entre ellas la argucia de disolver los cuerpos y crear otros nuevos, similares, pero ajustados a las necesidades del poder presidencial. Las reformas constitucionales, con idéntica estructura en los países involucrados, y a la que inscriben pomposamente como el “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, están precisamente orientadas a realizar esta ruptura de la institucionalidad.

Como resultado final, en cada uno de estos países, ha desaparecido la independencia del poder judicial y la garantía del debido proceso.  Las acciones autoritarias de sus presidentes en esta materia han sometido a los jueces  hasta tener hoy sólo magistrados sometidos a su voluntad, que resulta con presidentes constituidos también en la máxima autoridad judicial,  convertida la justicia en una dependencia política del gobierno y transformada en un mecanismo de disuasión, persecución y represión.

Centenares de ciudadanos venezolanos, bolivianos y ecuatorianos que han tenido una notoria actuación política, por ser dirigentes políticos, candidatos o realizar actos de oposición al régimen, o dirigentes cívicos de relevancia empresarial y peso en medios de comunicación o banca, han sido acusados por supuestos crímenes prefabricados por los propios acusadores, tales como corrupción, asesinatos, tentativas de desestabilización del gobierno, delitos económicos, y de todo tipo.  En no pocos casos los delitos han sido cometidos por los propios acusadores. Estos procedimientos políticos, extensivos a quienes, después de haber apoyado inicialmente a estos regímenes se han apartado y disentido con sus políticas, terminan en persecuciones con demandas de extradición incluidas, encarcelamientos, confiscaciones y exilios.

El apoderamiento del sistema de justicia por los gobiernos autoritarios ha criminalizado la oposición y ha judicializado la política. Han refinado el sistema cubano pues para liquidar adversarios políticos en los países del socialismo del siglo XXI, ya no es necesario fusilarlos como en el régimen castrista: simplemente se los acusa y enjuicia sin ninguna posibilidad de defensa en un sistema de justicia donde hasta los jueces pueden ir a la cárcel o ser obligados al exilio por haber actuado con la ecuanimidad y respeto por la ley.

Hemos visto a los presidentes Chávez, Morales y Correa realizar acusaciones, ordenar enjuiciamientos y anunciar sentencias condenatorias que los jueces deben sólo formalizar. Son presidentes acusadores, parte y jueces de los procesos que políticamente les interesan tanto para destruir a un adversario político como para apoderarse de medios de comunicación o empresas.

Cuando este manejo del Poder Judicial se combina con un mecanismo de propaganda que usa sostenidas campañas nacionales e internacionales, el resultado es una condena pública anticipada, a la que los jueces sometidos sólo tendrán que dar una apariencia de legalidad.

Los procesos, resoluciones y sentencias de los jueces y tribunales de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (y no limitados a asuntos de contenido político o contra políticos), contra dirigentes de diferentes gremios o entidades, empresarios o simplemente opositores, son prueba patente de la ausencia de democracia en tales Estados donde no existe separación ni independencia del Poder Judicial, abriendo la puerta a la violación premeditada y sistemática de los derechos humanos.

*Abogado Constitucionalista, Master en Ciencia Política, ex Ministro de Estado y Parlamentario boliviano.