Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Diario de Las Americas| 31 de Agosto del 2009
Carlos Sánchez Berzaín*
LA CONSTITUCION DE EVO ES NULA
Luego de tres años en la Presidencia de la República, Evo Morales presenta la aprobación de una constitución que es nula, que ha nacido muerta y que no es subsanable por ser el resultado de violaciones institucionales y de fraude que han devastado la democracia boliviana.
Se trata de La Constitución de y para Evo Morales, no de la carta fundamental del Estado, y menos de la Constitución Política de Bolivia. Es un documento que se convierte en la amenaza más seria de confrontación permanente entre bolivianos y la desaparición de la Nación Boliviana.
El documento aprobado el pasado 25 de enero, es el fruto de una Asamblea Constituyente cuya vigencia legal estaba ya exintiguida al haber cesado su mandato, y por lo tanto era un órgano inexistente; de una Asamblea Constituyente que violó su propia ley de convocatoria; y de un Congreso Nacional que re-elaboró el proyecto de constitución sin tener atribuciones para ello.
Desde su convocatoria el proceso estuvo plagado de vicios de nulidad, comenzando por el desconocimiento del poder constituido que por la Constitución de 1995 solo permitía reformas y no la elaboración de una nueva constitución. Tampoco era admisible el procedimiento populista de la asamblea (método utilizado históricamente para imponer y legalizar regímenes totalitarios).
La ley de convocatoria a la Asamblea Constitucional estableció que la misma tomaría decisiones por dos tercios de votos y que tendría una duración de un año, al término del cual no hubo resultados y la asamblea se extinguió. Ya disuelta la asamblea constituyente, el Congreso Nacional –sin atribuciones- reconstruyó la misma, le dio vigencia y redujo el porcentaje de votación necesario para aprobar el texto, de dos tercios a simple mayoría.
La Ley de la Asamblea Constituyente establecía también que ésta sesionaría en la ciudad de Sucre. Luego de ser ilegalmente reconstruida la Asamblea aprobó la primera versión de su propuesta de constitución con una participación exclusiva de legisladores oficialistas dentro de un cuartel militar, mientras el pueblo era víctima de una masacre en la ciudad de Sucre. En un segundo intento, la Asamblea tuvo que reunirse en Oruro, otra vez fuera de la sede establecida por su ley de convocatoria.
La Constitución sometida por Evo al referéndum no es el texto elaborado por la reconstruida Asamblea Constituyente, es una versión creada sin ninguna atribución por el Congreso Nacional y que –igual a la prórroga de la Asamblea- es el resultado de un acuerdo político de conveniencia con el jefe del partido opositor Podemos (a quien Evo amenazaba con juicio de responsabilidades por supuestos actos de corrupción).
Nada de lo actuado ha respetado la voluntad popular ni la democracia, por lo que es inevitable la aplicación del Art. 31 de la Constitución Política del Estado que manda: “son nulos los actos de quienes usurpan funciones que nos le competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.
Ninguno de los redactores o presentadores de la constitución de Evo tenían la atribución legal para hacerlo, y el texto votado en el referéndum no ha pasado por las manos de ningún miembro de la asamblea constituyente.
Es también una constitución aprobada en un referéndum caracterizado por el “fraude electoral”, sobre todo rural, que el gobierno trata de encubrir haciendo uso de la Corte Nacional Electoral que es de su dependencia, y –una vez más- de su bien montado aparato de propaganda. El fraude ha consistido en el denominado “voto comunitario”, confesado por el gobierno, que es voto inducido y bajo presión que viola el principio del voto individual, libre y secreto. Se ha hecho fraude también con la duplicación suplantación y/o depuración de personas a partir del sistema de identificación manejado por agentes cubanos. (El informe de la comisión de observadores de la Unión Europea, es un texto que hay que tomar en cuenta).
La reelección inmediata por una sola vez, recuerda el referéndum de Chávez en Venezuela el año 2001, dejando fácilmente accesibles nuevas reformas para avanzar luego a la reelección indefinida.
Estatismo y centralismo, reconocimiento de más de treinta nacionalidades (inexistentes como tales) con el propósito de acabar con la unidad nacional, reconocimiento expreso de la confrontación étnica, destrozo de la soberanía nacional otorgando territorio a comunidades privilegiadas, desconocimiento del mandato de autonomías departamentales establecidas por voto en referendos, son ahora instituciones en la constitución de Evo.
Destrucción de la Corte Suprema de Justicia, copamiento político del Tribunal Constitucional, establecimiento de un grupo ciudadanos con más derechos y menos obligaciones que otros, intervención estatal en el derecho de propiedad, intervención estatal de la libertad de prensa, de la inversión privada y de la banca, colectivismo, control populista, desconocimiento de derechos laborales, posibilidad de reforma total de la constitución y el camino a un sistema totalitario de partido único, son otros de los elementos de la Constitución de Evo que analistas, columnistas y especialistas bolivianos y extranjeros han comentado con alarma, y que nadie de los que acuden en apoyo de Evo aceptarían que rijan en sus propios países, o donde quisieran que sus hijos vivan.
Estas nulidades no se pueden reclamar hoy porque Evo Morales ha liquidado -previa y oportunamente a sus intereses- el sistema de control de constitucionalidad en Bolivia al forzar las renuncias de los miembros del Tribunal Constitucional.
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Por esto, quienes apliquen o participen de la vigencia de la constitución de Evo, por acción u omisión, serán responsables política y jurídicamente de sus efectos y serán autores de la imposición de una constitución nula, que como dije antes, ha nacido muerta y que por tiempo que pase no puede ser validada.
Este texto constitucional durará solamente el período de intervención venezolano-cubano que hoy existe en Bolivia, que busca reelegir indefinidamente al presidente cocalero y terminar con la libertad y la democracia, llevando al país a un sistema totalitario de partido único. Podrá tener vigencia solo por imposición, sin legitimidad y con legalidad viciada de nulidad. Su aplicación estará limitada al tiempo de ejercicio del poder del gobierno actual que necesita de esta constitución para disfrazar de democrático su régimen autoritario.
La manera de defender la democracia en Bolivia es hacer que el mundo conozca y verifique cada uno de estos hechos y la condición autoritaria del gobierno de Evo Morales.
Al cesar el régimen de fuerza que hoy controla Bolivia, cesará la constitución de Evo y Bolivia podrá retornar a la democracia.
Abogado Constitucionalista y Master en Ciencia Política, fue parlamentario y ministro de Estado en Bolivia.
Three years into his mandate as President of Bolivia, Evo Morales celebrates the approval of a constitution that is in effect null and void, a stillborn charter that is beyond mending. This document is the end result of a process that has been marred by constitutional violations and fraud and that has laid waste to democracy in Bolivia.
Let us be perfectly clear about the fact that this Constitution was authored by Evo Morales for Evo Morales; it is by no means the fundamental Charter of the State, much less the Political Constitution of Bolivia. What this document represents is the imminent threat of bringing about a permanent confrontation among Bolivians and the eventual disintegration of the Bolivian State.
The charter approved this past January 25 sprang from a Constituent Assembly whose legal authority had ceased the moment its mandate period had expired, effectively becoming a non-entity. Moreover, it is the product of a Constituent Assembly that violated its own convocation statutes and of a National Congress which, without any jurisdiction in the matter, went on to re-draft it.
From the moment the Assembly was convened, the process began to be tainted with nullity. By setting out to draft a new constitution, the Assembly effectively ignored the constituted powers and the Constitution of 1995, which allowed for reforms to be made but not for the creation of a new constitution. Another instance of constitutional disregard was the implementation of populist proceedings (historically, the method of choice for setting up and legitimizing totalitarian regimes) which, once again, the 1995 constitution precluded.
The statutes of convocation had established that the Constituent Assembly would convene for a period of one year and that any resolutions would require two thirds of the Assembly votes. After a year of failed deliberations and no tangible results, the Assembly ceased to function. The National Congress then – despite its having no legally-vested power in the matter – resurrected the defunct Constituent Assembly, extended its mandate period and changed the number of votes required for the passing of resolutions from the original two thirds to a simple majority.
The statutes had also established that the Assembly would hold sessions in the City of Sucre. Yet, the illegally-reconvened Assembly approved a preliminary draft of its proposed constitution while ensconced in a military base on the outskirts of the city and with the sole participation of pro-government legislators. As this took place, in Sucre, its residents were being massacred. A subsequent session to finalize the document had to be held in Oruro, yet again outside of the officially-established seat.
The Constitution that Evo submitted to a referendum vote is not the charter drawn up by the reconstructed Assembly, but rather the version created by a National Congress that exercised powers not conferred to it. Much like the mandate extension given to the Constituent Assembly, this document is the result of a political agreement of convenience struck between Evo and the leader of the opposition party Podemos (the leader whom Evo had threatened with bringing charges against him for alleged corruption.)
Nothing of what has been done has paid any heed to the will of the people or to the principles of democracy, and it’s for this reason that Art. 31 of the Political Constitution of the State should be brought to bear: “The acts of those who usurp public functions are null and void, as are also the acts of those who exercise jurisdiction or power not emanating from law.”
None of the people that wrote or submitted Evo’s Constitution had any legal powers to do so, nor was said text reviewed by a single member of the Constituent Assembly.
Moreover, Evo’s Constitution was approved by a referendum that was marked by “electoral fraud”, especially in the rural areas. The Bolivian Government has used the National Electoral Court – which it controls – and a well-oiled propaganda machine, to conceal this fact from the world. The fraud basically consisted in what is known as the “community vote” (which the government acknowledged.) This vote, prompted under pressure, violated the principles of the individual secret ballot. Fraud also took place in the form of multiple, false or removed identities, which were handled through the identification system operated by Cuban agents. In this regard, due consideration should be given to the report issued by the Commission of E.U. Observers.
The one-time–only immediate reelection should remind us of Chávez and Venezuela’s 2001 referendum, which led to the relatively easy implementation of new reforms aimed at indefinite reelection.
Statism and Centralism, recognition of more than 30 nationalities (which are non-existent as such) for the purpose of destroying national unity, express acknowledgment of ethnic confrontation, the destruction of national sovereignty in the form of territorial grants to privileged communities, disregard for the mandate of autonomous departments which were established through referendums, these are now institutions enshrined in Evo’s Charter.
Add to this the dismantling of the Supreme Court of Justice; a politically-stacked Constitutional Tribunal; the favoring of a group of citizens over another by endowing them with more rights and less duties; government infringement on the right of ownership, on freedom of the press, private investment and the banking system; collectivism; populist rule; disregard of labor rights; the prospect of a full reform of the Constitution and the specter of a one-party totalitarian system. All of these are further elements contained in Evo’s Constitution and which analysts, columnists and specialists – both Bolivian and foreign – have pointed out with not a small degree of alarm. None of those who now rush to Evo’s side would allow for these conditions to be the norm in their own countries, or any place where they would want their children to grow up and be educated.
Under the present conditions, any formal claim regarding questions of nullity have virtually no chance of being heard since Evo Morales has, in a preemptive and opportune manner, eliminated the limits of the Constitutional system in Bolivia by forcing the resignation of the members of the Constitutional Tribunal.
For all of these reasons, anyone who applies or participates in any way with Evo’s constitution, either through action or omission, will be politically and legally responsible for its consequences and accountable for the imposition of a body of laws that is null and void. I reiterate that this is a stillborn Constitution and one that will not gain in legitimacy regardless of how much time shall pass.
This constitutional text will last only as long as the current Venezuelan-Cuban intervention in Bolivia shall persist. The intent is to seek the indefinite re-election of the cocalero president and put a gag on freedom and democracy, effectively leading the country toward a totalitarian, single-party system. The legitimacy and legality of this constitution shall be tainted with nullity, and its validity will stem solely from its being imposed. This constitution, which the present authoritarian regime is using to pass itself for a democracy, will see its relevance curtailed by the duration of this government’s mandate.
The way to defend democracy in Bolivia today is to have people around the world learn about the authoritarian nature of Morales’s government and have them verify the facts for themselves.
Only with the end of the present totalitarian regime will Evo’s Constitution cease to exist, and only then will Bolivia be able to return to democracy.
*Constitutional lawyer, Master’s in Political Science, former Member of Parliament and Minister of State of Bolivia.