FRAUDE ELECTORAL: Delito contra la democracia

Diario de Las Americas| 29 de Abril del 2013

Carlos Sánchez Berzaín

El fraude es una acción contraria a la verdad y a la rectitud en perjuicio de la persona contra quien se comete.  En materia de elecciones, el fraude es la intervención premeditada y deliberada en el proceso electoral con el fin de modificar los resultados. El fraude electoral es de orden público porque el perjuicio se comete contra toda la sociedad cuya voluntad resulta alterada y falsificada.

Así como las elecciones no son en si mismas la democracia sino un elemento de ésta, la votación es solo una parte del proceso electoral.  El fraude electoral puede ser cometido antes, durante o después de la votación.

En el proceso electoral el primer paso es la inscripción del ciudadano en base al registro civil o de identidad, que acredita la existencia de las personas y da lugar al ejercicio del voto.  Es ahí donde comienza el fraude electoral, con duplicaciones, falsas inscripciones, inscripciones de extranjeros, de ausentes o de fallecidos, supresión de inscripciones y otras alteraciones con las que el gobierno que controla esta instancia se favorece.  Es por esta razón por la que en países como Bolivia el registro civil y el sistema de identificación está desde el gobierno de Morales en manos de “cooperación cubana”.

Antes de la votación se define el contenido de normas electorales, circunscripciones, recintos, forma de votación, papeletas, sistema electrónico o de otro tipo, formularios y forma de cómputo; las instancias, la convocatoria, el padrón electoral,  las reglas de campaña y propaganda, el acceso a los medios de comunicación, prácticamente todo.  En esta etapa la posibilidad de fraude afecta a la campaña electoral, como en las pasadas elecciones de Bolivia donde se implantó desde el gobierno el “voto comunitario”; como en Ecuador donde se cambió el sistema de asignación para favorecer al oficialismo; o como en Venezuela donde el candidato oficialista –dueño del sistema electoral- pudo coaccionar, utilizar los recursos y bienes estatales como propios, ofrecer prebenda pública, acceder a los medios de comunicación en evidente ventaja contra el opositor y hasta impedir el voto en el exterior suprimiendo por ejemplo el Consultado de Venezuela en Miami.

A tiempo de la votación el fraude es mas evidente y se expresa –entre otros actos- en la compra de votos, la coacción, los traslados de votantes, el robo o destrucción de ánforas, adulteración de actas, carga o embarazo de urnas, voto en cadena o carretilla y otros hechos.

Después de la votación, el fraude se expresa en el recuento o en la negativa del mismo, anulaciones de actas, desaparición de registros, decisiones ilegales de las autoridades electorales, amenazas como las que hoy sufre el candidato Capriles en Venezuela, además bajo la sombra de un Poder Judicial también sometido.

Con estas evidencias en más de tres países del denominado socialismo del siglo XXI, es tiempo de que los gobiernos democráticos se preocupen y ocupen porque existen elecciones sin democracia, impulsen la creación de la Comisión Interamericana Electoral y  tipifiquen el fraude electoral como un delito contra la democracia.  No hacerlo –por muy buenas razones comerciales o diplomáticas que tengan- podría ser visto como complicidad.