Bolivia, viernes 19, octubre de 2007
Los jefes militares ayer aseguraron que sus camaradas incluidos en la imputación de la Fiscalía por los hechos de ‘octubre negro’ sólo cumplieron órdenes. Por su parte el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, desde Miami, aseguró que los funcionarios del Ministerio Público son empleados del presidente, Evo Morales, y calificó de ilegal el proceso en su contra.
“Las acciones del Ministerio Público buscan encubrir los crímenes de Evo Morales, que es el principal culpable de lo ocurrido en 2003”, aseguró Sánchez Berzaín y acusó al actual jefe de Estado, que desde que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el poder en el país, Morales saboteó todos los caminos de diálogo para evitar enfrentamientos.
“Ésta es una persecución política pura. El proceso que se nos sigue no tiene valor jurídico, porque no se está investigando a la parte que provocó lo sucedido”, explicó Sánchez Berzaín y consideró como una oportunidad para esclarecer los hechos de octubre el juicio civil que le intentan iniciar en Estados Unidos a través de una ley que data de 1789. “Ésa sería una oportunidad única para demostrar la verdad”, comentó el ex ministro.
El director general de Planeamiento del Ministerio de Defensa, general Tomás Peña y Lillo, dijo que la responsabilidad en este caso corresponde al que da la orden: “El capitán general de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República”. El secretario permanente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, José Prudencio, indicó que “normalmente la parte militar cumple órdenes del poder político”.
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